Aunque la aplicación de la Inteligencia Artificial ofrece potenciales facilidades para realizar actividades jurídicas de trámite y de valoración procesal, el reto de garantizar seguridad y eficacia en las decisiones jurídicas sigue generando incertidumbre y polémica: “recrear artificialmente una inteligencia con capacidad para sentir de modo similar al ser humano, sin duda representa un futuro incierto al que se anteponen un buen número de problemas”
En la actualidad, se parte de la premisa de que los sistemas actuales de Inteligencia Artificial están diseñados para abordar un problema determinado en un área específica del conocimiento, lo que implica que los sistemas no perciben lo que ha decidido y por qué lo ha decidido. El sistema de Inteligencia Artificial se entrena con una base de datos históricos, cuyos parámetros se ajustan en función de los algoritmos de decisión.
Desde otra perspectiva, refiere que su uso indebido puede dañar los derechos de las personas, ya que el aprendizaje automático puede amplificar la discriminación y los sesgos existentes.
La pertinencia o no de la regulación de los neuroderechos en sede constitucional amerita una reflexión más amplia y cuidadosa, dada la relevancia de los valores jurídicos a proteger y considerando tanto el carácter internacional de los principios para su regulación como el carácter transnacional de los principales actores de la Inteligencia Artificial: las grandes empresas tecnológicas globales.
O. Iván Ramírez Sánchez 
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